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La sanidad pública están teniendo dificultades para encontrar compañía aseguradora que quiera hacerse cargo de su responsabilidad civil con los pacientes, es decir, que quiera asegurar las posibles negligencias dentro de sus actuaciones profesionales.

Las grandes compañías que tradicionalmente  acudían al mercado de la responsabilidad sanitaria pública no se volverán a presentar o se lo están planteando. Los corredores de seguros argumentan que, entre las principales razones, se encuentra el nuevo baremo para indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, y aumenta en un 20% las indemnizaciones.

Además, hay que tener en cuenta que las reclamaciones por este tipo de seguro se pueden presentar y demorar durante años, de hecho se pueden aplicar indemnizaciones a hechos sucedidos 10 años atrás y son muy elevadas. Según los analistas, este incremento de los riesgos en las pólizas no se ha traducido todavía en una mayor cuantía de los contratos que las diferentes administraciones públicas han presentado este año en sus concursos. A todo ello hay que añadir que estas cuestiones se han convertido en asuntos muy mediáticos, lo que hace todavía más complejo el proceso jurídico que puedan derivarse por la alta exposición pública de estas cuestiones.

Las comunidades autónomas de Andalucía y Murcia han tenido que sortear varios obstáculos para cubrir la responsabilidad de sus servicios sanitarios. En la Comunidad Valenciana, la responsabilidad patrimonial no está cubierta, aunque sí lo está la defensa en caso de reclamaciones en vía penal y las indemnizaciones civiles derivadas de condenas.

Esta tendencia demuestra que se está produciendo un cambio de ciclo en la aseguranza de la sanidad pública, ya que hace unos años las firmas más reconocidas se presentaban a este tipo de concursos y ahora comienzan a entrar en ellos compañías con menos tradición en el mercado español.

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