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El compliance penal en el sector sanitario es, cada día más, una necesidad. Contrariamente a lo que muchos profesionales del sector de la salud creen, este tipo de delitos no se dan sólo en entornos financieros o estructuras empresariales complejas y multinacionales.

De hecho, si en una clínica, hospital o cualquier tipo de centro sanitario, su administrador o gerente comete uno de los delitos tipificados en la última reforma del código penal  y ese delito favorece al centro, el máximo responsable del centro también será responsable penal. De hecho, hay que establecer controles no sólo en la plantilla del centro, sino también en los profesionales externos.

Los delitos penales que pueden suscribirse al ámbito del sector sanitario no varían mucho de los de otros sectores:

Delitos de corrupción o nepotismo en la contratación irregular de proveedores o familaires.

Estafas en clínicas dentales, centros de estética, etc.

Delitos contra el consumidor por el empleo de publicidad engañosa en los resultados de una intervención, coberturas médicas o tratamientos incluidos en determinadas promociones.

Cuando el centro tiene un concierto establecido con la sanidad pública rige la Ley de Contratos del Sector Público, y pueden darse delitos de cohecho, fraude de subvenciones o de tráfico de influencias.

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Obviamente, este tipo de delitos pueden darse en todos los sectores de actividad.

Delitos relacionados con el medio ambiente, en cuanto al tratamiento de los residuos sanitarios generados.

Delitos contra la salud pública, como el suministro de medicamentos caducados o deteriorados.

Las consecuencias son graves: multas elevadas, suspensión de la actividad por un plazo de hasta 5 años, inhabilitación para contratar con el sector público por un periodo de tiempo que puede alcanzar los 15 años y a todo ello hay que sumar que se trata de un tema altamente sensible, el de la salud, con lo cual atrae la atención de todos los medios y se puede crear una auténtica alarma social con estas cuestiones.

Por todos los motivos expuestos, podemos afirmar que implantar un sistema de prevención de delitos en un centro sanitario va a convertirse en una cuestión insoslayable que estas organizaciones deben incorporar siempre asesoraros por abogados expertos en la materia.

 

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